Nuevo Laredo, Tamaulipas, 17 de octubre de 2024 – En un conmovedor relato de dolor y desesperación, Brenda Melisa Fernández, madre de Diego Alfredo Muñiz Fernández, un joven de 18 años, ha denunciado la ejecución extrajudicial de su hijo por parte de elementos de la Guardia Nacional. La situación ha provocado una ola de indignación y preocupación sobre los derechos humanos en la región.
Diego, quien padecía tuberculosis y otros problemas de salud, salió de su casa en busca de su novia el pasado sábado. La madre no volvió a tener noticias de él durante varias horas y, al enterarse de una balacera en el área, se dirigió al lugar, donde la Guardia Nacional le negó información y la trató con groserías.
“Me dijeron que me fuera a la ver… de ahí”, relató la madre entre lágrimas, visiblemente afectada por la pérdida de su hijo. “Yo solo quería saber si mi niño estaba bien”. Fue hasta el día siguiente cuando Brenda se enteró de que Diego había sido ingresado sin vida a un hospital local.
Según el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, Diego estaba en la cajuela de una camioneta en el momento de los hechos. “No pudo haber disparado, mucho menos enfrentado a la Guardia Nacional”, afirmó. Además, las evidencias sugieren que su cuerpo presentaba múltiples lesiones y torturas, lo que contradice la versión oficial de un enfrentamiento.
Brenda Fernández expone con angustia que su hijo no tenía la capacidad física para haber sido un agresor: “Él tenía agua en los pulmones y no podía correr”, aseguró. A pesar de su delicada salud, Diego fue tratado como un criminal, y se le sembró un arma para justificar la actuación de las autoridades.
El sepelio de Diego se llevó a cabo en un contexto de clamor por justicia y exigencia de respuestas por parte de las autoridades. “No se vale que esto suceda. Solo quiero que me ayuden a que el asesinato de mi hijo no quede impune”, pidió la madre a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La situación en Nuevo Laredo, marcada por la violencia y el abuso de poder, ha encendido el debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad en la protección de los ciudadanos, así como la necesidad de un enfoque más humano en la atención de las víctimas y sus familias. La comunidad clama por justicia y una respuesta contundente de las autoridades para frenar estos actos de violencia que afectan a la población más vulnerable.
