La dependencia federal no estudió las imágenes hasta que la secuencia de los asesinatos, ocurridos el 18 de mayo, salió a la luz, el 6 de junio, según el expediente del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS
PABLO FERRI
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 29 de junio de 2023 .— Desde el 20 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) disponía de los vídeos de la última matanza militar de Nuevo Laredo, ocurrida en la ciudad fronteriza dos días antes. En las imágenes, que recogió una cámara de seguridad de un supermercado S-Mart, se ve cómo un grupo de militares asesina aparentemente a cinco hombres, después de una persecución. La dependencia no asentó el contenido del vídeo en el expediente hasta pasado el 6 de junio, cuando EL PAÍS divulgó las imágenes.
La Fiscalía había obtenido el vídeo vía USB gracias a la colaboración del gerente del supermercado, según consta en el expediente del caso, al que este diario ha tenido acceso. El 20 de mayo, la dependencia mandó un oficio a la tienda para reclamar el material. Ese mismo día, el gerente remitió su respuesta a la Fiscalía y entregó el USB con el video a un agente de la corporación, que se acercó a la tienda. Fiscales, peritos y policías movieron el USB durante semanas, incluso hicieron copias, pero no dedicaron un minuto a su contenido. Y, si lo hicieron, no consta en el expediente.
La investigación, que supera ya los cuatro tomos, incorpora oficios, cartas e informes sobre el vídeo, algunos verdaderamente impactantes, por su carácter superfluo. Es el caso del informe fechado el 1 de junio, 13 días después de los hechos, en que un agente de la Policía Federal Ministerial, el brazo ejecutor de la FGR, remite a sus superiores un par de hojas de papel, con el resultado de la inspección del USB que contenía el vídeo. El policía manda fotos del USB por fuera y firma.
Los tomos incorporan también la preocupación de la FGR por la divulgación del vídeo el 6 de junio. Al día siguiente, el mismo policía que analizó por fuera el dispositivo USB llegó al S-Mart a entrevistar al gerente, para preguntarle si había dado copias de los videos a alguien más. El gerente dice que no, pero revela datos preocupantes. El hombre cuenta que el mismo día que entregó el USB con el vídeo a un agente de la Policía Federal Ministerial, esto es, el 20 de mayo, militares llegaron a la tienda y pidieron acceso a las grabaciones de las cámaras.
“Vinieron dos personas del sexo masculino, venían vestidos de militares y me solicitaron entrar al cuarto donde se encuentran los equipos de grabación y monitoreo”, cuenta el gerente. “Dichas personas entraron y se encerraron por alrededor de 20 minutos, y cuando salieron solamente se retiraron. Es importante mencionar que no sé qué fue lo que hicieron estas personas en el tiempo en que estuvieron en el cuarto”, añade.
Ante la declaración del gerente, el agente volvió el mismo 7 de junio, ya en la tarde, a tratar de sacarle más detalles. El policía le preguntó si los militares habían dejado su nombre. El gerente contesta que no les preguntó, “ya que venían uniformados”. El agente sigue y cuestiona si tiene los vídeos en que los “presuntos militares” llegaron a la tienda y se encerraron en la sala donde están los equipos de grabación. El gerente dice que el disco duro se borra constantemente y que esos vídeos, por el tiempo que ha pasado, ya no existen. Por último, el agente plantea si la tienda tiene algún tipo de libro de registro. El gerente dice que no.
Aunque parezca increíble, el agente no le pregunta al gerente si notó algo raro en los equipos de grabación y monitoreo tras la visita militar; si percibió alguna modificación en el disco duro, archivos borrados o copiados, cosas así. La entrevista termina y el agente se va. El expediente no muestra que la indagatoria por la visita militar al S-Mart ascendiera más allá de las preguntas al gerente. Si algún militar modificó o trató de modificar el equipo de grabación de la tienda, la FGR no ha indagado más al respecto.
El silencio de la Fiscalía en este caso es atronador. A mes y medio de lo ocurrido, la dependencia no ha informado sobre los hechos o sobre el estatus de los militares implicados. Solo la Secretaría de la Defensa (Sedena) lo ha hecho. El 10 de junio, cuatro días después de la publicación del vídeo, el Ejército anunció la detención de 16 militares, todos acusados de un delito de desobediencia, tipificado en el Código de Justicia Militar. Pero la FGR, que investiga delitos del fuero común, como el asesinato, no ha dicho todavía una palabra.
El caso del S-Mart impactó a la opinión pública mexicana. En los últimos 15 años, al calor de la guerra contra el narco, las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por militares han sido constantes. Pero es raro la aparición de vídeos así, tan claros. Antes de su publicación, el caso apenas había sonado en la prensa local, por la cantidad de balazos disparados por militares y civiles, que mantuvieron en vilo el sur de la ciudad por varias horas. Pero fue el vídeo lo que cambió las cosas. Tras su publicación, la FGR tardó un día en tener un informe de lo que mostraban las imágenes y la Fiscalía militar abrió su propia indagatoria sobre el caso.
Sin presión mediática sobre los investigadores, la delegación de la FGR en Nuevo Laredo inició una investigación por lo ocurrido el 18 de mayo, a partir del informe del teniente a cargo de los militares, José Luis N. La narración del teniente señalaba la persecución de una camioneta civil que se había dado a la fuga, en una avenida al sur de la ciudad, Prolongación Monterrey. La fuga acabó cuando la camioneta chocó contra la barda trasera del S-Mart, momento que ya recogen las cámaras.
En el informe, el teniente narra que sacaron a cinco civiles del coche, los desarmaron, encontraron fusiles y armamento al interior del vehículo, también unas dosis de marihuana y varios kilos de metanfetamina. Pusieron a los civiles de rodillas, junto al muro, mientras revisaban la camioneta chocada. El teniente dice que repente empezaron a dispararles desde el lado norte. Según él, eran parte del mismo grupo, que trataba de acercarse donde estaban para rescatar a sus compañeros.
Los militares estaban divididos en dos grupos, por un lado, los siete que estaban junto al muro, con los civiles desarmados y sometidos. Por otro, los diez que estaban unos 200 metros más al norte, sobre Prolongación Monterrey, inmersos en un tiroteo con el grupo de civiles que llegaban en operativo de rescate.
En medio de la balacera, algunos de los militares que estaban junto al muro dispararon contra los civiles. El teniente José Luis N no dice nada de esto en su informe. Lo hace, en cambio, un sargento que estaba allí mismo, cuyo testimonio desveló este miércoles EL PAÍS. El sargento B. J. señala que, visto el vídeo, reconoce a un cabo y otro sargento como los que disparan contra los civiles. El sargento señala igualmente al teniente José Luis N, mando de los militares aquel día sobre el terreno, de sembrar armas a los civiles, ya muertos. Las declaraciones de este y otros cinco militares, son parte ya de la indagatoria que abrió la Fiscalía militar, constan ya en el expediente de la FGR.
